Magdalena Joven propició espacio de dialogo entre la Comisión de la Verdad, territorial Magdalena y la Alcaldía Municipal de Plato.

Magdalena Joven propició espacio de dialogo entre la Comisión de la Verdad, territorial Magdalena y la Alcaldía Municipal de Plato.

De derecha a izquierda: Stalin Ballesteros, Jaime Peña Peñaranda y Pedro David Tobias.

El Movimiento Magdalena Joven, generó el primer espacio de dialogo entre la Alcaldía municipal de Plato con la coordinación territorial de la Comisión de la verdad en el Departamento del Magdalena, para el fortalecimiento e implementación del Pacto para la no repetición de los impactos generados en el marco del conflicto armado sobre las condiciones de vida de las comunidades campesinas, afrocolombianas, pescadoras artesanales del Departamento del Magdalena.

El espacio conto con la participación del coordinador territorial de la comisión de la verdad en el Magdalena, Stalin Ballesteros, el alcalde municipal de Plato, Jaime Peña Peñaranda y el Presidente de Magdalena Joven, Pedro David Tobías; realizado en las instalaciones del palacio municipal de Plato, el pasado 1 de junio de 2021.

El alcalde municipal, Jaime Peña Peñaranda, manifestó toda su disposición por sumar al municipio a la lucha por la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición en el marco del cumplimiento del acuerdo de Paz.

Como resultado de este espacio, el municipio de Plato, Magdalena, es el primer municipio en sumarse al Pacto para la no repetición de los impactos generados en el marco del conflicto armado sobre las condiciones de vida de las comunidades campesinas, afrocolombianas, pescadoras artesanales del Departamento del Magdalena

¿En qué consiste el Pacto?

El Pacto está compuesto de 11 puntos, los cuales son:

1. Magdalena se mueve por la verdad y la no repetición.

Incluir en la agenda institucional 2021 de los entes territoriales y entidades gubernamentales y/o públicas con presencia en los territorios de Santa Marta y el Magdalena, mecanismos y estrategias sobre el mandato contemplado en el Acto Legislativo 01 de 2017 y el Decreto 588 de 2017 mediante el cual se crea la Comisión de la verdad y se ratifica la función de identificar y promover recomendaciones o garantías de no repetición, en éste caso se espera estén enfocadas hacia la superación de los impactos del conflicto armado en las condiciones de vida de las comunidades campesinas, afrocolombianas, pescadoras artesanales, con énfasis en las mujeres rurales de estas comunidades víctimas.

2. Reconocimiento político y cultural de las identidades impactadas por el conflicto armado.

Generar un proceso de reconocimiento político y cultural de las comunidades campesinas, pescadoras artesanales y afrocolombianas víctimas del conflicto armado del departamento, que propenda por el desarrollo de acciones garantistas frente a su valoración y protección como sujetos de identidad y saberes materiales e inmateriales ancestrales o legendarios, con énfasis en territorios interétnicos. Todo aquello que contrarreste la sensación de exclusión, subvaloración y discriminación histórica por parte del estado hacia estas comunidades. Se proponen acciones normativas que determinen procesos de consulta previa territorial hacia comunidades campesinas, afrocolombianas y pescadoras artesanales víctimas del conflicto armado.

3. Legislación para la dignidad de las víctimas y la vida.

Implementar mecanismos y fortalecer las estrategias existentes para el cumplimiento de los tiempos y la reacción institucional frente a las órdenes judiciales y/o sentencias que involucren restitución de tierras, titulación, derechos territoriales, derechos económicos y/o fundamentales para las comunidades víctimas del Magdalena. Seguimientos y sanciones frente a la dilación de las órdenes judiciales relacionadas con las condiciones restaurativas a la dignidad humana.

4. Sierra Nevada para todos y todas.

Reconocimiento, titularidad y formalización de la tierra campesina en la Sierra Nevada de Santa Marta

5. Ordenamiento territorial para la identidad.

Propiciar políticas y estrategias de ordenamiento territorial que vayan en consecuencia al restablecimiento de los impactos territoriales y ambientales generados o agudizados por el conflicto armado. Además, que contrarresten las violencias materiales y simbólicas que restan espacios a las formas de vidas campesinas, pescadoras y étnicas, según sus formas tradicionales de ocupar y relacionarse con los recursos naturales, que se ven afectadas por la ocupación empresarial y/o agroindustrial del territorio.

6. Sin miedo volvemos a organizarnos.

Promover acciones de fortalecimiento organizativo a las comunidades campesinas, afrocolombianas y pescadoras artesanales que favorezcan la superación y eliminación de la estigmatización sufrida durante los contextos de conflicto armado. Permitiendo de esta manera recuperar las formas históricas de organización cooperativa, colectiva o comunitaria endógena de estas poblaciones, las cuales buscaban la autonomía territorial y productiva, garantías para la siembra, comercialización y sostenibilidad alimentaria, el mejoramiento de la calidad de vida desde la exigibilidad sobre el goce de los derechos fundamentales, y la superación de las condiciones de dependencia hacendil y/o laboral del campesinado y las comunidades afrocolombianas. Se identifica el miedo como un factor de persistencia que debilita los procesos de organización e identificación de afectaciones o resistencias en común entre las comunidades mencionadas.

7. Baldíos de la nación espacios de territorialidad campesina, afrodescendiente y pescadora:

Implementar mecanismos de recuperación y activación de las responsabilidades institucionales en la protección de los terrenos baldíos pertenecientes a la nación, conocidos como playones. Estos espacios son sitios tradicionales de sobrevivencia productiva y cultural de las comunidades pescadoras, campesinas y afrocolombianas, los cuales quedaron en desmedro ambiental y privatización durante los periodos de dominio armado en el departamento, debido mayoritariamente a la violencia paramilitar que impedían la defensa organizativa de estos espacios, implantando silencios y amenazas frente a los cambios o usos del suelo. Las comunidades víctimas reconocen la afectación profunda que generó el conflicto armado hacia los flujos ambientales teniendo como efecto hasta la actualidad crisis en la seguridad alimentaria de las poblaciones víctimas.

8. Democracia para el agua y la identidad

Promover la existencia de un plan democrático de acceso, uso y recuperación de las rondas hídricas ubicadas en los entornos territoriales de las comunidades víctimas actoras del presente diálogo social, evitando condiciones de persistencia frente a la privatización, condiciones de desvío y contaminación del agua. Todo aquello que reconozca el agua como derecho humano fundamental, universal y como espacios territoriales de identidad productiva, tradicional y cultural de las comunidades pescadoras artesanales, afrocolombianas y campesinas.

9. La ruralidad tiene rostro de mujer

Fortalecer las estrategias y políticas de transformación rural con enfoque de género, restableciendo los roles y patrones culturales patriarcales que impiden el acceso y goce efectivo de las mujeres a la tierra, el territorio y demás oportunidades equitativas de educación y trabajo digno, todo garantizado en un contexto libre de violencias sexuales, afectivas y de género, promovido desde la formación en género y derechos internacionales de las mujeres.

10. Articulación institucional.

Garantizar encuentro periódicos no mayor a seis meses, de articulación institucional entre las entidades públicas del orden distrital y Departamental, sistema nacional de atención y reparación integral a las víctimas – SNARV, las entidades del ministerio público, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición – SNJVRNR y toda a la que haya lugar, con la finalidad de identificar y atender los vacíos, barreras o coyunturas que vulneren la atención y reparación integral de las víctimas. Propendiendo mejorar la capacidad de respuesta i institucional, la formación integral de los funcionarios y las condiciones políticas de las directivas, en favor de las necesidades o conflictos territoriales individuales y colectivos de la población víctima. Incluyendo la participación y valoración del capital académico y jurídico que pueda brindar las organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales con trayectoria en el acompañamiento a las personas y organizaciones víctimas del conflicto armado en el Magdalena. Se propone que la Gobernación del Magdalena OACNUDH realicen dichos seguimientos.

11. Sin miedo volveremos a organizarnos.

Avanzar en la implementación del enfoque etario durante los procesos de reparación y restitución colectiva de derechos, teniendo en cuenta que existen unas sensaciones de re victimización transgeneracional o persistencia sistemática de la incidencia frente a la muerte de personas víctimas sin alcanzar sus derechos reparativos integrales. Como efecto de esta se refleja una preocupación constante por parte de los liderazgos hacia la perdida de capacidades de herencia o mejoramiento de la calidad de vida rural para las nuevas generaciones, lo que en ultimas avecina un riego de exterminio cultural en el Departamento.

Puede consultar las memorias y más sobre este pacto, AQUÍ.

El suscrito pacto, fue también firmado y adoptado por parte del Movimiento Magdalena Joven, como organización no gubernamental Departamental.